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La Junta culpa a Sánchez del retraso en el adelanto de los 2,5 millones

Almagro desmiente que se obstaculice el cobro por el color político de la ciudad

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  • Las obras del peaje dejaron largas colas en la frontera -
  • El Ayuntamiento no formalizó la tramitación de los documentos hasta el pasado lunes
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gabriel Almagro, rechazó las acusaciones del Ayuntamiento de La Línea, cuyo alcalde, Alejandro Sánchez, declaró que el Gobierno andaluz estaba obstaculizando el cobro de 2,5 millones de euros de anticipo del pago de los fondos de Participación en los Ingresos del Estado.

Almagro le pide al alcalde que no mienta puesto que “envió a la Junta de Andalucía la solicitud de este anticipo el jueves 19 de agosto por vía telemática” y que, examinada la misma, se comprobó que aún faltaba documentación para su tramitación, “que el Ayuntamiento no ha completado hasta este lunes 23 de agosto”.

El delegado del Gobierno también informa que para la tramitación de este anticipo es necesario un informe preceptivo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que ya se ha solicitado, por lo que, “al contrario de lo que afirma el alcalde linense, desde la Junta de Andalucía se está trabajando con la dedicación exigible para que esta solicitud esté resuelta con la mayor rapidez posible, puesto que la solicitud debe ser tramitada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía”.

En este sentido, Gabriel Almagro espera que cuando el dinero llegue a la caja municipal “se destine a éste fin, es decir, a pagar la nómina de los trabajadores municipales y las cantidades que se les adeudan de meses anteriores, puesto que es una cantidad suficiente y estar al día en la nómina de la plantilla municipal es la obligación principal de un Ayuntamiento”.

Manipulación municipal
El equipo municipal de gobierno había manifestado en la mañana de ayer que “la Junta de Andalucía acelera o da pausa a determinados asuntos dependiendo del color político que gobierne una determinada ciudad”. Esta aseveración, añadió, “obedece a las promesas que la Junta ofreció al Ayuntamiento para aprobar la autorización de un adelanto de 2,5 millones de euros de la Participación en los Impuestos del Estado, promesas materializadas incluso verbalmente por el consejero Luis Pizarro”.

“Este consejero indicó que se debería dialogar en tal sentido, algo que cuando lo dijo ya se venía haciendo y siempre con la promesa del que el día 25 de agosto se reunirían el Consejo de Gobierno y daría luz verde al asunto. Comprobamos ahora que era incierto, jugando con las percepciones económicas que corresponden al Ayuntamiento y que están dirigidas al pago de los atrasos del personal municipal”.

“Se nos dice que esto puede tardar, por lo que pedimos a los consejeros que hagan su labor para permitir que los trabajadores municipales linenses puedan percibir sus salarios. Es irresponsable y de poca consideración que ahora se hable de que va a tardar. No se puede ser verdugo y santo a la vez. Lo que hay es que cumplir la ley porque así se ha hecho con todos los municipios que lo han solicitado sin estrangular a los trabajadores. Estamos hablando de un dinero de los linenses, no de un dinero que nos vaya a dar la Junta y, por lo tanto, no se puede andar con manipulaciones”.

PSOE
Por su parte el PSOE linense anunció que ha “acudido a la llamada de colaboración de los sindicatos” y ha “iniciado los contactos” con la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para que se liberen los 2,5 millones de euros.

La secretaria local del PSOE linense, Gemma Araujo, señaló que su formación responde de este modo al llamamiento de colaboración realizado por los sindicatos para “intentar que llegue el dinero para el abono de las nóminas”. En este sentido, espera que el adelanto “pueda incluirse en el primer Consejo de Gobierno de la Junta de septiembre”, señalando que el Gobierno andaluz debe dar el visto bueno a la operación, que permitiría el pago de la paga de julio y el resto de la paga extra.

No obstante, consideró que el problema de fondo es mayor y “fruto de la mala gestión llevada a cabo durante 16 años por el PP, luego el GIL-PP y ahora el PP”, apuntando que la reducción de plantilla anunciada “debería comenzar por los concejales liberados del Consistorio”, a los que Araujo pidió una rebaja de sus “grandes salarios”.

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