La nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo se limita a señalar que podrán objetar los profesionales “directamente implicados” en el aborto y que habrán de manifestar su postura “anticipadamente y por escrito”.
Esta plataforma asegura que en los últimos días ha recibido numerosas consultas, provocadas por la “confusión e incertidumbre” originadas por la aplicación de la normativa, en particular sobre la posibilidad de oponerse a recomendar esta práctica que se ha tratado de un manera ambigua .
“Queremos recalcar que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios al aborto es un derecho fundamental, reconocido por los Tribunales, que no necesita regulación para ser ejercido”, agregó.
Este derecho, según la Asociación, debe interpretarse “con la máxima amplitud con que la libertad ideológica está reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución”, y que hace necesario que el ámbito de este derecho “no se recorte ni tenga más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
Como la doctrina constitucional no establece un “numerus clausus” de profesionales ni habla de participación o cooperación necesaria, carece de “justificación”, para este colectivo, privar a los médicos de Atención Primaria de su derecho fundamental a la objeción.
La Asociación recuerda que, de ordinario, son los primeros que atienden a la mujer que solicita el aborto y los responsables de dar el visto bueno clínico a la prescripción.
Los médicos de familia se remiten a unas declaraciones recientes de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en las que se refería a la existencia de una sentencia del TC, la de 1985, que reconoce a los facultativos la objeción de conciencia con carácter particular.
Para la ministra, estaba “perfectamente claro” que los profesionales sanitarios que quisieran acogerse a esa cláusula podrían hacerlo sin problemas.
“Pretender utilizar a los médicos de Atención Primaria y, en su caso, a algunos trabajadores sociales, como los ejecutores de unas prácticas que la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios españoles rechazan, nos parece, además de un ataque a su libertad de conciencia, un desprecio a su dignidad profesional”.
