El juicio para determinar responsabilidades penales y resolver sobre las indemnizaciones por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013 encara su recta final a partir de este martes.
En principio, esta última fase durará hasta el próximo 27 de julio, cuando ya se habrán cumplido 10 años de la tragedia ferroviaria más grave de la historia reciente de España, que supuso 80 muertes y dejó a 145 heridos en la curva de A Grandeira.
Este martes está reservado para documental y conclusiones, con "necesidad de asistencia de todas las partes". Así, fiscal, acusaciones populares y defensas deberán comunicar si mantienen o modifican lo trasladado en su día.
Fiscalía y la plataforma de víctimas piden cuatro años de cárcel para cada uno de los dos acusados, el maquinista Francisco Garzón y el ex director de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. Por su parte, las defensas rechazan responsabilidades y piden la libre absolución.
La curva de A Grandeira registró el descarrilamiento de un tren Alvia hace una década en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, que por entonces estaba recién inaugurada. Sucedió a pocos metros de la estación de Santiago, en la víspera del día grande de Galicia, junto al barrio compostelano de Angrois.
Casi diez años después, las víctimas y sus familiares han relatado los daños sufridos en sede judicial, en numerosas sesiones del juicio celebradas desde febrero hasta la semana pasada. En este proceso buscan la reparación no solo en términos económicos, sino también, con más énfasis en buena parte de los casos, con una sentencia que dictamine sobre lo que pasó.
En el banquillo de los acusados se sientan dos hombres: el maquinista Francisco Garzón --trabajador de Renfe-- y el ex director de seguridad de Adif --el administrador ferroviario-- Andrés Cortabitarte. Dos empresas públicas cuyos representantes legales (Abogacía del Estado solo defiende a Adif) y también sus respectivas aseguradoras (QBE y Allianz) mantienen un duro enfrentamiento en las dos vertientes del juicio.
A Garzón y a Cortabitarte se les atribuyen 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave. La titular del juzgado de lo penal número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, está vinculada por las acusaciones, que ejercen tanto el representante del Ministerio Fiscal, Mario Piñeiro --que es fiscal jefe del área santiaguesa--, como las acusaciones populares --las dos asociaciones de víctimas: plataforma y Apafas-- y la representación de afectados a título particular.
El fiscal y también la plataforma de víctimas solicitan cuatro años de cárcel para cada uno, en relación con la conducción del maquinista y con el análisis de riesgos al que estaba obligado el en su momento director de seguridad de Adif. Además, también se les imputa un delito de daños.
Las víctimas expresaron en una asamblea su sentir mayoritario al respecto de que consideran "más responsable" a Cortabitarte que a Garzón. No obstante, entienden que la actuación como plataforma debe decidirla su abogado, Manuel Alonso Ferrezuelo.
Individualmente, solo algunas como la exdiputada del PP Teresa Gómez Limón han materializado esa distinción en su escrito de acusación: pidiendo cuatro años para el ex director de seguridad de Adif y dos para el maquinista.
El denominado principio acusatorio, es el que explica que la jueza no pueda introducir algo nuevo. A ello se refirió de forma más o menos explícita en alguna ocasión ante las interpelaciones de las víctimas, al igual que respondió, por ejemplo, al padre de un chico fallecido en las vías que trasladó que ansían una condena "ejemplar" para que no haya quien vuelva a "firmar en barbecho".
Fernández Currás llegó a asegurar que su "intención" y hasta su "deseo" es que haya una sentencia al final del juicio que satisfaga a los perjudicados por este siniestro ferroviario.
La magistrada no podrá entrar en cuestiones como si existía o no dolo eventual en el comportamiento del ex director de seguridad de Adif, como perciben las víctimas, o en el ataque contra el derecho de los trabajadores que sufrió el maquinista según alega su abogado.
Lo que sí podría hacer, según explican expertos consultados por Europa Press, es remitir oficio a la Fiscalía si considera que hay otra u otras personas que tienen responsabilidades penales. "Esto no ocurre todos los días pero sí puede pasar, y el momento apropiado sería al final del proceso", exponen estas fuentes.
El apartado de los atenuantes tendrá peso en esta recta final del juicio, que arranca el martes con la exposición de conclusiones. Transcurridos 10 años, cabe esperar que se apliquen las dilaciones indebidas, "no sería raro", según señalan las fuentes expertas consultadas.
Su impacto debe responder a una "cierta proporcionalidad" y la jueza ha de tener en cuenta la complejidad de la causa que acumula "más de 50.000 folios a doble cara", como ella misma se encargó de recordar a las partes, así como que el retraso no haya sido motivado por el o los acusados.
Echando la vista atrás, la instrucción duró más de siete años, con dos cierres frustrados y uno definitivo en septiembre de 2020. La investigación la llevaron dos jueces (Luis Aláez y Andrés Lago) y por en medio hubo retrasos provocados por requerimientos a Adif para que aportase documentación, un error en la dirección al enviar el juzgado un escrito a Europa y hasta sospecha de plagio en algunos informes.
Otro factor que puede atenuar la pena, en caso de haber condena/s, es el de la confesión, que sí se produjo por parte del maquinista. De hecho, su letrado apela a la reparación del daño con su perdón a las víctimas para reclamar la libre absolución.
Un caso con paralelismos es el del accidente del metro de Valencia, registrado en 2006, con 43 personas fallecidas y otras 47 heridas. Fue juzgado en 2020, se tuvieron en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas y también la hubo por confesión tardía.
Allí, hubo acuerdo de conformidad antes del inicio del juicio y el siniestro se saldó con cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) condenados. En el juicio del Alvia este momento ya pasó y no cabe que tenga lugar.
Precisamente Andrés Cortabitarte, uno de los dos acusados por el descarrilamiento en A Grandeira que ocasionó 80 muertes, fue perito judicial del accidente del metro de Valencia.
La previsión es que el juicio por el siniestro del Alvia concluya el próximo 27 de julio, una vez pasado el décimo aniversario, cuando las víctimas rinden homenaje a los fallecidos en la curva y llevan sus reivindicaciones a las calles de la capital gallega.
Por eso, la sentencia estará como pronto en otoño, después de un mes de agosto que es inhábil para la justicia. Lo que tarde depende de cada juez, si bien es esperable que Fernández Currás haya avanzado desde que, allá por octubre de 2022, comenzara a juzgar el accidente ferroviario más dramático de la democracia española.
