Funcionarios adscritos a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras han detenido a seis personas por presuntamente captar a personas migrantes que carecían de permiso de residencia y trabajo en España y explotarlos para realizar entregas de reparto de paquetería en Alicante y Murcia.
Al parecer, los detenidos se aprovechaban de las condiciones de necesidad de los migrantes en situación irregular para someterles a determinadas condiciones laborales o de la Seguridad Social contrapuesta a los derechos de los trabajadores, como por ejemplo obligarles a trabajar 60 horas semanales por sueldos que oscilan los 300-400 euros mensuales.
Además, los arrestados utilizaban el engaño, al ocultar o manipular la realidad de las condiciones en las que aseguraban que iban a trabajar estas personas para incentivar que los trabajadores aceptaran la oferta.
Los detenidos obligaban a las personas migrantes a trabajar durante jornadas de 12 horas sin descanso, en las que eran obligadas a repartir a pie o en vehículo, en ocasiones careciendo de carnet de conducir o bien no homologado en España.
También se sucedían los impagos de salarios o parte de ellos, las víctimas no eran dadas de alta en la Tesorería de la Seguridad Social y no se les hacía un contrato laboral.
Los detenidos formaban un grupo organizado y jerarquizado con un reparto de roles, entre los que se diferenciaban los directivos o administradores de la empresa y los encargados de la captación de víctimas a través de anuncios en portales de internet o del boca a boca.
Asimismo, una de las detenidas gestionaba directamente con los trabajadores las rutas y el reparto de los vehículos a sabiendas de que no tenían permiso de conducir, mientras que otra persona se encargaba del pago de salarios.
Según las pesquisas de los investigadores, un total de 13 personas migrantes se han visto perjudicadas por esta organización que actúa desde hace más de un año.
Por estos hechos, los agentes han detenido a seis personas, de entre 27 y 42 años, como presuntas autoras de un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de pertenencia a grupo criminal.
