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El secreto sobre los últimos registros del caso Azud se podría levantar esta semana

Pepe Cataluña figura como investigado en esta causa que investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cargos públicos

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  • Tribunales. -

El secreto sobre los últimos registros policiales del caso Azud, llevados a cabo este lunes en Valencia, Castellón y Madrid a raíz de la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, podría levantarse esta semana.

Según han señalado a EFE fuentes cercanas a la investigación, los registros de la UCO de la Guardia Civil, que finalizaron ayer, están muy focalizados en tres o cuatro contrataciones de las que se han encontrado correos y mensajes sobre supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.

El objetivo principal de esos registros es averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba, según las mismas fuentes.

Pepe Cataluña figura como investigado en esta causa que investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cargos públicos a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos.

El registro domiciliario de Cataluña se justificó por su "evidente relación y contactos" con empresas mantenidos durante las fechas cercanas al periodo electoral de 2007, así como por el "evidente conocimiento" que tenía de la empresa Gigante y Construcciones, utilizada para ocultar el verdadero origen del dinero de servicios de publicidad.

El caso Azud, que instruye el Juzgado número 13 de Valencia, investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa), según el sumario de la causa.

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