Así, en el recurso que su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer contra ese auto se pide a Varela que cite a declarar, entre otros, a la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, al juez chileno Juan Guzmán –que en 1999 procesó a Augusto Pinochet– y al magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En la nómina de testigos propuestos por la defensa de Garzón para demostrar que no prevaricó al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo figuran asimismo miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de Amnistía Internacional y catedráticos de Derecho Penal.
Todos ellos, según informaron ayer fuentes cercanas al magistrado, le mostraron ya a éste su disposición a declarar en su favor en caso de ser llamados por el Tribunal Supremo.
En el recurso contra la resolución en la que Varela rechazó archivar la causa abierta a raíz de las querellas del sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange se dice que el auto “resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal”.
Para la defensa de Garzón, el instructor se limita en su auto a hacer calificativos “peyorativos”, sin ofrecer valoraciones jurídicas ni hechos que demuestren el delito de prevaricación del que le acusa.
“El auto se ocupa en descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo. Pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador”, indica Martínez-Fresneda.
A su juicio, el magistrado del Supremo ofrece una visión “tan sesgada” de la instrucción “que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida” que le impide analizar los hechos con objetividad.
El letrado destaca también los “sistemáticos” olvidos de Varela, que no menciona en su resolución la querella de Falange, omite las denuncias sobre la sustracción de menores en la Guerra Civil y no alude a la pretensión de las Asociaciones de Memoria Histórica de personarse en la causa, que fue rechazada.
La Fiscalía no ve delito en la actuación del magistrado
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recordó ayer que la Fiscalía, en principio, no aprecia que exista un hecho delictivo que permita justificar la acusación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tiene dos causas abiertas en el TS.
“El dictamen se hará de acuerdo con las normas que hasta la fecha se han seguido, pero tendrá que ser la Fiscalía del Supremo la que lo estudie”, añadió Conde-Pumpido, en referencia al informe que le solicitó el martes el CGPJ y en el que deberá pronunciarse a favor o en contra de la suspensión cautelar de Garzón.
Aunque el fiscal general del Estado no ha querido anticipar nada sobre el sentido del citado informe, la Fiscalía previsiblemente no apoyará la suspensión provisional de Garzón, ya que la postura mantenida por el Ministerio Público es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos.
