La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles que la Ley para la igualdad de las personas trans y de garantías de derechos de las personas LGTBI trata "del derecho más material que existe" para una persona que es "el derecho a ser quien es sin que sea discriminada" y, por ello, ha señalado que cree que esta norma "es lo más razonable" que el Gobierno "puede hacer".
Durante su intervención ante la comisión del ramo en el Congreso, Montero ha señalado que, "incluso en las encuestas" sobre esta norma en las que se preguntaba intentando "que saliese lo contrario", se ha determinado que es uno de los textos "que más consenso social genera".
De hecho, ha recordado al PP, tras las críticas a la norma que en su intervención ha realizado la diputada 'popular' María Auxiliadora Pérez, que "hace tres años firmaron a favor de un dictamen para reformar la ley vigente para reconocer la libre determinación de género" que ahora rechazan. "Estuvo al canto de un duro para convertirse en ley", ha explicado la ministra, antes de recordar que esta iniciativa no llegó a su fin al terminarse la legislatura.
Aún así, no se ha mostrado sorprendida, según ha señalado, de que PP y Vox hayan presentado este miércoles una enmienda a la totalidad a la misma.
En este sentido, también ha rechazado las críticas de parte de la oposición por la petición para tramitar de urgencia esta norma y sin el informe preceptivo del CGPJ sobre su contenido. En este sentido, Montero ha explicado que tanto su Ministerio, como el Gobierno, han cumplido con la ley que determina los plazos de tramitación, algo que, según ha indicado, no ha hecho el organismo judicial.
Además, ha apuntado que existe una "cuestión política de fondo" en estas críticas y ha apuntado que no comparte la misma opinión de quienes creen que los derechos de las mujeres no son en estos momentos algo urgente. Así, ha insistido en que en las situaciones de mayor precariedad son ellas las que tienen más riesgo de perder esos derechos, así como de sufrir un mayor empobrecimiento.
LLAMA A BUSCAR ACUERDOS CONTRA LA TRATA
A su juicio, este pensamiento es también compartido por "una mayoría feminista de la Cámara". Y es precisamente a esa mayoría a la que la responsable de Igualdad en el país ha llamado a "tomarse en serio" el acabar con la trata y la explotación sexual.
Montero ha recordado que, durante la negociación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual se estuvo "muy cerca del consenso" para "acabar con la impunidad de la industria proxeneta" y, a su juicio, en este tema no habría que realizar tanto un debate relativo a "la posición política ni ideológica", sino sobre las políticas públicas necesarias para conseguir dos objetivos en los que, según ha indicado, la mayoría está de acuerdo.
Estos son, "acabar con la impunidad de la industria proxeneta y de quienes se están beneficiando de una de las violencias más extremas hacia la mujer" y "garantizar los derechos de las mujeres en contextos de prostitución", que incluye a "las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual".
"Esto no es una propuesta política, esto es lo que nos dice el Convenio de Estambul, el acuerdo de Varsovia, la CEDAW y otros organismos internacionales", ha declarado en su intervención, en la que también ha reconocido que la necesidad de una Ley de trata es "urgente".
CAMBIOS EN EXTRANJERÍA
Sin embargo, varias partidos de la oposición se han mostrado incrédulos con lograr los objetivos de este Plan, principalmente, si no se hacen cambios en materia de extranjería. "Este anuncio no sirve para nada sin derogación de la ley de Extranjería", ha apuntado la portavoz de Igualdad de ERC, Pilar Vallugera. En su opinión, sin cambios en esa materia "no va a poder culminar la libertad de elección" de las mujeres.
Montero ha reconocido que "sería hipócrita" redactar una ley de trata sin que esta hable de política de extranjería porque "sería poco eficaz". La ministra ha explicado que este tema está "en negociación en el seno del Gobierno", pero ha recordado que este tema es un compromiso personal del presidente del Ejecutivo, por lo que su Ministerio espera que se lleve a cabo "con la mayor urgencia posible".
En este sentido, tanto la diputada independentista, como su homólogo de PNV, Joseba Agirretexea, han coincidido reclamando una Ley específica de trata. El portavoz del partido vasco se ha dirigido directamente al principal partido en el Gobierno, el PSOE, para pedirle que "desatasque" la aprobación de esta norma y se abra a una reforma de la normativa de extranjería. De forma similar ha hablado la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, que ve necesario "primar" una ley de trata.
LEY DEL ABORTO
Giménez también ha preguntado a Montero por cómo va a hacer cumplir la reforma de la Ley del aborto por la que se ha de garantizar esta práctica en centros públicos. La ministra ha respondido a esta cuestión recordando que son las CCAA las competentes quienes tomarán las decisiones, aunque ha apuntado que su Ministerio estará acompañándolas para que esto se cumpla.
El debate más bronco sobre este tema se ha producido con la portavoz de Vox en la Comisión, Lourdes Méndez, quien ha acusado a Montero de estar haciendo políticas para beneficiar "a los centros abortorios" y a los "empresarios que se lucran con el sufrimiento de las mujeres y las muertes de niños". Además, ha criticado que se permita a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres.
La responsable de Igualdad, por su parte, ha calificado estas declaraciones de "hipócritas" y ha acusado a Vox de "jugar con la vida de las mujeres". En este sentido, ha lamentado que la formación no critique que estas menores no tengan que pedir permiso paterno en "operaciones a vida o muerte", pero sí cuando se trata de una interrupción del embarazo.
"La mayoría de las jóvenes de 16 y 17 años hablan con sus familias, amigos, con toda la gente que les da la gana, con sus profesores antes de tomar una decisión que para algunas será difícil y para otras no", ha explicado la ministra, antes de recordar que también existen casos de niñas agredidas sexualmente en el ámbito de la familia cuyos familias son "quienes les obligar a continuar con el embarazo".
"El Estado tiene que decir a todas las mujeres que cree en su decisión y respeta su decisión y poner los mecanismos para que puedan hacerlo", ha defendido.
