El caso Obra Nueva, uno de los escándalos urbanísticos más graves en la provincia de Cádiz y focalizado principalmente en Chiclana, se ha saldado con penas mínimas de entre un año y ocho meses de prisión y dos meses para 26 de los procesados; otros doce han sido absueltos.
De acuerdo a la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) remitió este jueves a los medios de comunicación, han sido clave las dilaciones indebidas, dado el retraso de un proceso judicial que acumula un total de catorce años.
El caso se destapó en 2007, a raíz de la denuncia de un particular víctima del patrón delictivo de uno de los principales acusados, el arquitecto Joaquín Pallí, que fue condenado igualmente por otros casos de obra nueva registrado en El Puerto y Chiclana.
Éste, en mayo de 2003 , realizó una declaración de obra nueva de una vivienda situada en el Llano de las Maravillas, en Chiclana, que manifestaba estar terminada en 1998.
Sin embargo, las orografías realizadas durante los años 2001/2002 por la Consejería de Obras Públicas de la Junta demostraron que en tales fechas no existía en dicha parcela edificación alguna.
De esa forma “se pretendía -según señalaban desde la Fiscalía- evitar el ejercicio por parte del Ayuntamiento de las potestades de disciplina urbanística por supuesta prescripción de las infracciones”, dado que la vivienda se situaba en suelo urbano no consolidado.
Esta misma operación fraudulenta fue repetida por el arquitecto en viviendas también ubicadas en suelo urbano no consolidado en Chiclana.
Para ello, contaron con la colaboración de arquitectos, tasadores, empleados de banca, numerosos particulares y un abogado, José Ignacio Rosano, que fue detenido a mediados del año 2007 con Pallí, y que ha sido condenado finalmente a ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público.
La sentencia, en cualquier caso, no es firme para los acusados que no alcanzaron un acuerdo y admitido los hechos imputados por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Chiclana, y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
