La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jerez –ICAB Jerez-ha remitido una carta a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía manifestando su inquietud y queja formal ante los inconvenientes que está provocando la experiencia piloto de implantación del nuevo sistema @driano en el funcionamiento de los tres Juzgados de lo Social y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de nuestra ciudad.
La carta, firmada por el decano Federico Fernández, informa que los inconvenientes se materializan, entre otras circunstancias, en que desde hace más de tres meses no se puedan elevar los recursos de suplicación o que exista una absoluta falta de información en el reparto de los asuntos.
En definitiva, se están produciendo todo tipo de incidencias que están bloqueando la tramitación de los asuntos provocando con ello retrasos indeseables en perjuicio de los justiciables, por la defensa de cuyos derechos velan los abogados representados por ICAB Jerez.
Para el Colegio de Abogados de Jerez, el avance tecnológico es necesario y deseable también en el ámbito de la Justicia, pero el mismo no puede en ningún caso dificultar el funcionamiento de una jurisdicción como la social, cuya función cobra especial trascendencia en el momento presente con impugnaciones de altas médicas, despidos, materia prestacional de la Seguridad Social y un largo etc.; o la contencioso-administrativa, pilar de la defensa de los ciudadanos y del interés general.
Por estos motivos, en el escrito se hace constar que es palmario que, a día de hoy, es más necesaria para la eficacia tales jurisdicciones, la provisión urgente de medios personales y materiales, que la conversión de los órganos que las sirven en laboratorios de pruebas, con el perjuicio que ello supone para su funcionamiento.
En la carta se afirma además que, desde el convencimiento de la ausencia aquí de responsabilidad de los magistrados, los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios adscritos a los distintos órganos, debe ser la Junta de Andalucía y la empresa adjudicataria las que den solución perentoria a las incidencias generadas.
Por todo ello, se insta a la Consejería de Justicia a que facilite las explicaciones procedentes y, sobre todo, adopte las medidas necesarias a fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y la labor en defensa de los mismos que llevan a cabo de forma constante los abogados.
