La Policía italiana está realizando hoy registros en varias ciudades con motivo de una investigación contra 17 radicales antivacunas y opositores a los certificados sanitarios del coronavirus a los que se les acusa de los delitos de incitación al incumplimiento de la ley y amenazas a través de medios informáticos.
Las investigaciones comenzaron cuando en un chat del canal Telegram con más de 40.000 activistas empezaron a circular amenazas contra políticos, entre ellos el primer ministro, Mario Draghi, así como médicos y virólogos. También publicaron los números de teléfono de las oficinas de prensa del Gobierno.
La Fiscalía de Turín (norte) les acusa de los delitos de instigación a delinquir y desobedecer las leyes con el agravante del uso de medios telemáticos.
El pasado septiembre, los magistrados de esa ciudad habían pedido a Telegram, a través de una orden de incautación, que cerrara el chat en el que se publicaron las amenazas y que se llamaba "Basta de Dictadura".
El grupo de mensajería había reunido a decenas de miles de suscriptores, "demostrando ser el nodo de conexión con todos los principales espacios de Internet de protesta en los que se registró una persistente incitación al odio y a la comisión de delitos graves", explican los investigadores.
Muchas de las personas investigadas eran ya conocidas a la policía por sus posiciones extremistas, así como por delitos previos como resistencia ante funcionario público, hurto, atraco, extorsión y drogas, pero también hay personas sin antecedentes, según medios locales.
En el contenido del chat había referencias explícitas a "ahorcamientos", "tiroteos", así como alusiones directas a "nuevas marchas sobre Roma" y terrorismo o el haber impulsado bloqueos de autopistas y ferrocarriles.
Por el momento, se han realizado registros en 16 ciudades, incluidas Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milán, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Turín, Varese, donde residían las 17 personas más activas en el chat.
Los antivacunas y contrarios a la obligación del certificado sanitario continúan las protestas en toda Italia, algunas de ellas han acabado en graves enfrentamientos con la Policía como la del hace un mes en Roma.
Los manifestantes, entre los que había miembros de grupos neofascistas asaltaron la sede del sindicato CGIL e intentaron llegar a de la presidencia del Gobierno, cuya seguridad se ha reforzado en los últimos días, así como el nivel de protección del primer ministro, Mario Draghi.
