Una vez "zanjadas" las tensiones en el Gobierno de coalición por la reforma laboral, el acuerdo sobre las pensiones que debe cerrarse antes de que termine el año se vislumbra como el nuevo caballo de batalla dentro y fuera del Ejecutivo, ya que, mientras Podemos reivindica que no se pierda poder adquisitivo, algunos socios de Sánchez avisan de que no aceptarán recortes.
La última propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de subir medio punto las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores durante un periodo de diez años para garantizar la sostenibilidad del sistema no ha caído nada bien ni en Unidas Podemos ni en los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como ERC o EH Bildu.
Socios prioritarios, como el PNV, creen que podría ser un globo sonda para ver cómo respiran los partidos en el Congreso, que ya han reaccionado en contra, tanto a derecha como a izquierda.
En la formación morada están molestos por sacar a la luz un debate horas después de superarse el escollo sobre la derogación de la reforma laboral, y, mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide dejar trabajar al Diálogo Social el propio Escrivá intenta quitar hierro a una medida que sería transitoria.
Moncloa también calma las aguas señalando a Efe que no hay nada cerrado y queda mucho por negociar.
Otras fuentes más cercanas al grupo socialista parlamentario también creen que la medida se podría desinflar y recuerdan que hay que "contentar a Bruselas".
"No vamos a aceptar recortes ni endurecimiento en las pensiones", advierten socios como EH Bildu, que dan estabilidad a la legislatura junto con ERC, cuya filosofía en materia de pensiones choca frontalmente con Escrivá al recordar que "las pensiones no son del Estado sino del trabajador".
Y al mismo tiempo que Gobierno, patronal y sindicatos ultiman esta reforma comprometida en el Plan de Recuperación, que se enviará a Bruselas, el Congreso sigue tramitando el proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
Una ley que pivota sobre la vuelta a la revalorización de las pensiones según la inflación y que suprime el denominado factor de sostenibilidad aprobado en el año 2013.
Cuestiones que valora Unidas Podemos pero que considera insuficientes y así lo que ha querido dejar claro en sus enmiendas con una de sus reivindicaciones más clásicas: el destope de las cotizaciones máximas.
Según los textos de estas iniciativas a las que ha tenido acceso Efe, Unidas Podemos pide la supresión de los topes máximos de cotización para que las rentas más altas contribuyan de forma más proporcional argumentando que este aumento de cotizaciones puede paliar el déficit actual de la Seguridad Social.
La propuesta, que PSOE y Podemos no querían desvelar, es una enmienda a la totalidad al plan de Escrivá.
Y es que el PSOE, que no ha registrado enmiendas a este proyecto de ley, prefiere no polemizar y su socio de Gobierno se debate entre mantener su compromiso con las plataformas de pensionistas o no provocar un nuevo desencuentro dentro del Ejecutivo.
De hecho la otra enmienda que plantea Podemos es la de no penalizar con coeficientes reductores a los pensionistas prejubilados con carreras de cotización de más de 40 años.
"Son más de 44.000 millones de euros", desvelaba una fuente socialista a Efe, que aseguraba que este impacto en las arcas públicas no puede ser asumido por el Estado.
Habrá que ver con quien pactan los socialistas durante la tramitación de esta ley ya que los socios de Sánchez, como ERC y Bildu, hacen suyas algunas reivindicaciones que la propia vicepresidenta segunda llevaba en su agenda cuando era portavoz de Podemos en el Pacto de Toledo, como es la vuelta a la edad legal de jubilación a los 65 años.
ERC y Bildu también proponen que la revalorización de las pensiones se ligue a la evolución del salario mínimo e incluso JxCAT se sube al mismo carro y reclama que no haya ninguna prestación por debajo del SMI y que no tributen las pensiones inferiores a 22.000 euros anuales.
En frente; los partidos conservadores como PP y Cs y que critican las ideas de Escrivá y no quieren que la revalorización con la inflación suponga ganar poder adquisitivo cuando el IPC sea negativo.
